Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores tras la suspensión de la compra de aviones de combate evidencia que la gestión de adquisiciones estratégicas en el Perú carece de un blindaje técnico frente a la volatilidad política. Sin seguridad jurídica, los grandes proyectos estatales se convierten en un riesgo inasumible para cualquier actor económico.
Esta crisis trasciende lo político y entra directamente en el ámbito contractual y del derecho administrativo. La postergación de inversiones de esta magnitud genera una incertidumbre que ahuyenta al capital y expone al Estado a contingencias legales y arbitrales innecesarias por ruptura de tratativas o incumplimiento de planes de inversión. Para las empresas y entidades públicas, el reto no es solo participar en una licitación, sino estructurar contratos con cláusulas de resolución de disputas y mecanismos de prevención que sobrevivan a los cambios de gabinete. Un asesoramiento experto permite que las decisiones de inversión se sustenten en criterios técnicos sólidos, garantizando que los compromisos contractuales se cumplan independientemente del ruido mediático o las dimisiones ministeriales.
La improvisación en el diseño de procesos de contratación de alta complejidad es el error más costoso que puede cometer la administración pública y sus proveedores. Mi predicción es clara: solo las organizaciones que integren una estrategia legal preventiva en contratación pública y arbitraje desde la etapa de planificación lograrán mitigar el riesgo político y asegurar el éxito de sus inversiones en el país.
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