Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el sector construcción se consolida como el principal motor del crecimiento económico peruano con 23 meses de alza sostenida en el empleo formal, impulsado por una ejecución vigorosa de la inversión pública en infraestructura. Este auge no representa únicamente una cifra estadística positiva, sino el preludio de un escenario de alta complejidad contractual que exige una gestión jurídica impecable para garantizar la rentabilidad y viabilidad de cada proyecto.
El incremento sustancial en la inversión estatal conlleva inherentemente una mayor exposición a controversias y una rigurosidad técnica sin precedentes en los procesos de selección. En este contexto, las empresas y las entidades del Estado deben entender que la adjudicación es solo el inicio; el verdadero desafío reside en la ejecución bajo normativas dinámicas y controles cada vez más estrictos. Contar con asesoría especializada en contratación pública permite identificar riesgos estructurales antes de que se conviertan en paralizaciones de obra, optimizando el manejo de adicionales, ampliaciones de plazo y penalidades. La diferencia entre un proyecto exitoso y uno estancado en tribunales radica en la prevención estratégica y el diseño de soluciones legales sólidas desde la etapa de licitación hasta la liquidación final.
Mi predicción es clara: el éxito en este ciclo expansivo será exclusivo de quienes blinden sus operaciones con expertos en arbitraje y gestión de contratos públicos. No hay margen para la improvisación cuando el patrimonio y la reputación institucional están en juego; la especialización de alto nivel es la única garantía real de seguridad jurídica en el Perú de hoy.
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