Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: toda reforma que busca «mejorar» la inversión pública sin un sustento técnico sólido suele terminar en un campo minado legal para contratistas y entidades.
La celeridad política no debe primar sobre la seguridad jurídica. Anunciar «reformas» para agilizar la inversión suena bien, pero la experiencia nos enseña que las modificaciones normativas apresuradas, sin el debido análisis técnico y legal, solo generan ambigüedad en los contratos, paralización de obras y, en última instancia, costosas controversias. El verdadero riesgo no está en la intención, sino en la implementación: cambios que pueden alterar drásticamente el equilibrio económico-financiero de los contratos vigentes y futuros.
Si estas reformas no se centran en fortalecer la predictibilidad contractual y la eficiencia en la gestión de pagos del Estado, en lugar de reactivar la inversión, presenciaremos un incremento notable de arbitrajes por incumplimientos y desequilibrios contractuales en los próximos 24 meses.
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