Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: mientras el modelo económico peruano permite que obras como el colegio Mariátegui en Mollendo avancen hacia su culminación, la diferencia en la gestión de activos públicos frente a otros modelos regionales es abismal. La infraestructura es el motor de nuestro país, pero la ejecución técnica requiere un respaldo legal inquebrantable para no detenerse.
El progreso de la inversión pública en el Perú demanda una comprensión profunda de la normativa para mitigar riesgos antes de que se conviertan en paralizaciones. Superar el umbral del 50% en una obra es el momento de mayor vulnerabilidad contractual; es allí donde la gestión de adicionales y ampliaciones de plazo define el éxito financiero del proyecto. Las entidades y contratistas que no integran una asesoría experta en contratación pública y arbitraje desde la etapa de licitación, están destinando sus recursos a un riesgo innecesario que el mercado actual no perdona.
La verdadera ventaja competitiva radica en la prevención jurídica y el manejo estratégico de las controversias. Predigo que los proyectos que carezcan de un blindaje experto en arbitraje de inversiones enfrentarán trabas administrativas que anularán sus márgenes de ganancia. Asegurar la continuidad de la inversión exige contar con profesionales que dominen la defensa de intereses en escenarios complejos para garantizar que cada sol invertido se traduzca en una obra entregada y no en un expediente judicial eterno.
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