Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: Los hospitales de Quillabamba y Espinar enfrentan paralizaciones y aumentos de costos críticos, un síntoma claro de que la gestión de riesgos contractuales en el Perú sigue siendo el eslabón más débil de la inversión pública.
Estas crisis no son meras demoras administrativas; representan la incapacidad de estructurar contratos que resistan contingencias técnicas y financieras. Para el contratista, la falta de una asesoría legal especializada desde la licitación hasta la ejecución se traduce en pérdidas de capital y resoluciones de contrato que dañan su reputación. Para el Estado, el costo de oportunidad es socialmente inaceptable. Como experto en arbitraje, observo que la mayoría de estas controversias pudieron mitigarse con una administración contractual proactiva y una estrategia de resolución de disputas diseñada a medida, protegiendo el equilibrio económico y la continuidad de la obra.
La predictibilidad de los grandes proyectos depende exclusivamente de la intervención temprana de especialistas que dominen tanto la normativa de contrataciones como los mecanismos de arbitraje de inversión. Sin este blindaje experto, el destino de las obras públicas seguirá siendo la parálisis litigiosa. La eficiencia real no está en el presupuesto inicial, sino en la capacidad jurídica de evitar que el contrato se convierta en un conflicto interminable.
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