Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el monumental presupuesto de casi S/ 12,000 millones que los municipios no logran ejecutar a poco de cerrar gestión. Esta ineficiencia no es solo un titular; es el preludio de una inminente ola de conflictos contractuales.
La presión por ejecutar estos fondos generará procesos de licitación acelerados, con bases mal estructuradas y expedientes técnicos deficientes. Para las empresas constructoras, esto representa una oportunidad de alto riesgo: contratos que nacen con vicios ocultos, destinados a paralizarse y a terminar en largos y costosos arbitrajes. Para las entidades públicas, significa obras inconclusas, laudos condenatorios y responsabilidades funcionales para los gestores. El verdadero costo de la improvisación no se mide en el presupuesto no gastado, sino en las controversias que se gestan hoy.
Anticipar y gestionar estos riesgos desde la etapa de licitación no es una opción, es una necesidad estratégica. La asesoría especializada en contratación pública y arbitraje es la única herramienta para convertir este caos potencial en proyectos viables y proteger las inversiones, tanto públicas como privadas.
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