Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la volatilidad del tipo de cambio proyectada para finales de 2025. Esto no es solo una cifra económica, es un detonante silencioso de futuras controversias contractuales.
Más allá del titular, esta fluctuación cambiaria es una fuente latente de controversias en la contratación pública. Muchos contratos de obra y servicios de gran envergadura tienen componentes valorizados en dólares. Una variación no prevista puede romper el equilibrio económico-financiero del contrato, generando sobrecostos y paralizaciones.
Las entidades públicas y los contratistas a menudo subestiman este riesgo en las cláusulas contractuales, abriendo la puerta a complejos y costosos litigios. La falta de una fórmula de reajuste clara o de una asignación de riesgos eficiente es el origen de disputas que terminan en arbitrajes prolongados, afectando la ejecución de proyectos vitales para el país.
Preveo un incremento en las controversias arbitrales por este motivo. La gestión contractual proactiva, asesorada por especialistas, no es un costo, sino la inversión más rentable para garantizar la viabilidad de los proyectos y proteger los intereses del Estado y de los inversionistas.
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