Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la orden de captura contra el alcalde de Comas por una obra ejecutada en 2017. Este caso demuestra que en la contratación pública el verdadero juicio no empieza en el tribunal, sino en la firma del contrato.
Una obra puede parecer terminada, pero los vicios en su contratación o ejecución son pasivos que explotan años después, generando contingencias legales y penales millonarias. Para entonces, la defensa es cuesta arriba, pues el problema nació en el expediente o en cláusulas ambiguas. Esta situación expone tanto al Estado, que pierde recursos y paraliza inversiones, como a la empresa contratista, que arriesga su reputación y viabilidad financiera.
La inversión en una asesoría experta en la fase contractual y de ejecución no es un gasto; es la única garantía para que los proyectos no terminen en portadas de noticias y sus responsables en los tribunales.
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