¿Cómo optimizar la ejecución de obras públicas mediante la Junta de Prevención y Resolución de Disputas?
La gestión eficiente de proyectos de infraestructura bajo el nuevo marco legal exige mecanismos que trasciendan la resolución tradicional de conflictos. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como una instancia técnica y permanente que acompaña a las partes durante toda la ejecución contractual, con el objetivo primordial de evitar que las discrepancias técnicas o legales paralicen la obra. A diferencia de otros medios de solución de controversias, la JRD posee una naturaleza eminentemente preventiva, permitiendo que el proyecto mantenga su continuidad operativa y financiera a través de decisiones vinculantes de implementación inmediata.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y lo desarrollado en el Título XII de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la JRD es obligatoria en los contratos de ejecución de obras cuyos montos superen los umbrales previstos en la normativa. Este mecanismo permite que expertos independientes realicen un seguimiento constante, emitiendo recomendaciones y decisiones que, si bien pueden ser sometidas a arbitraje al finalizar la obra, deben ejecutarse sin dilación. La norma refuerza la predictibilidad al establecer plazos perentorios para su constitución y funcionamiento, garantizando que ninguna controversia técnica quede sin respuesta oportuna.
En el Estudio Bonnett recomendamos a las entidades y empresas contratistas realizar una selección estratégica de los miembros de la junta, priorizando profesionales que acrediten no solo solvencia técnica en ingeniería o arquitectura, sino un dominio riguroso del nuevo régimen de contratación pública. Una JRD proactiva mitiga el riesgo de paralizaciones y sobrecostos, actuando como un filtro eficiente antes de llegar a la instancia arbitral. La asesoría legal preventiva en esta etapa es crucial para sustentar técnicamente las posiciones ante la junta y asegurar la protección de los intereses contractuales.
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