¿Conoce el impacto técnico y legal que conlleva una solicitud de ampliación de plazo bajo el nuevo marco de la Ley 32069?
En la ejecución de obras públicas, la gestión de los plazos constituye un factor crítico que determina el éxito o fracaso de un proyecto. Una ampliación de plazo no es una simple solicitud administrativa, sino un remedio jurídico destinado a restablecer el equilibrio contractual cuando eventos ajenos a la voluntad del contratista afectan la ruta crítica. Bajo el nuevo paradigma normativo, se prioriza la eficiencia y la transparencia para evitar la paralización de inversiones, asegurando que cada día de extensión esté debidamente justificado técnica y legalmente, evitando así la imposición de penalidades por mora y garantizando la continuidad de la infraestructura.
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, el contratista tiene el derecho a solicitar la ampliación del plazo contractual por causales no imputables a su responsabilidad que modifiquen el calendario de ejecución. Este precepto se desarrolla detalladamente en el Reglamento de la Ley, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, el cual establece los procedimientos específicos, plazos perentorios de solicitud y la metodología técnica para la cuantificación de los mayores costos directos y gastos generales variables. Es fundamental que el contratista registre oportunamente el inicio y el fin de la causal en el cuaderno de obra, cumpliendo estrictamente con los plazos de caducidad para evitar que la solicitud sea declarada improcedente por extemporaneidad.
En el Estudio Bonnett recomendamos realizar un análisis riguroso de la ruta crítica del programa de ejecución de obra desde el momento exacto en que se detecta el evento perturbador. No basta con alegar una causa externa o de fuerza mayor; es imperativo presentar un sustento técnico-legal que vincule directamente el evento con la imposibilidad de cumplir el cronograma vigente. Una gestión contractual preventiva, apoyada en informes de ingeniería sólidos y una trazabilidad documentaria impecable, es la mejor estrategia para salvaguardar la salud financiera del proyecto y asegurar el reconocimiento de los derechos económicos derivados de la prórroga.
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