Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Minam ha inaugurado la recuperación ambiental de Pampa Carbonera en Áncash, un hito que demuestra que la infraestructura sostenible ya no es el futuro, sino el presente de la inversión pública en el Perú.
Este tipo de proyectos de remediación ambiental y gestión social configuran un ecosistema contractual de altísima complejidad. Para el sector privado, ejecutar estas obras implica mitigar rigurosos riesgos regulatorios y operativos que, de no ser gestionados preventivamente, derivan en penalidades y costosas controversias. Para el Estado, asegurar la continuidad y éxito de la obra exige una estructuración de bases y un diseño contractual impecables. La verdadera ventaja competitiva y económica no está en reaccionar ante el conflicto, sino en la ingeniería legal preventiva: prever desequilibrios económicos y blindar el proyecto desde la etapa de licitación.
La tendencia hacia la inversión verde y social es irreversible y el presupuesto público se volcará a ella. Solo las empresas y entidades estatales que cuenten con la asesoría de expertos de primer nivel en contratación pública y arbitraje preventivo lograrán ejecutar estos proyectos con éxito, neutralizando riesgos de paralización y asegurando la rentabilidad y legalidad de cada sol invertido.
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