Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el MEF ha manifestado su incapacidad presupuestal para cubrir los beneficios sociales del régimen CAS, una señal de alerta sobre la gestión de recursos que impacta directamente en la seguridad jurídica de las inversiones públicas.
Esta situación evidencia una fragilidad administrativa que suele trasladarse a los contratos de obra y servicios. Cuando el Estado enfrenta brechas fiscales, los contratistas se exponen a retrasos injustificados y reasignaciones de fondos que amenazan la rentabilidad. En este entorno, la asesoría especializada en contratación pública y arbitraje no es un gasto, sino el blindaje necesario para asegurar la ejecución contractual. La clave radica en anticipar estas contingencias mediante una estructuración técnica robusta y un manejo estratégico de las controversias, evitando que la iliquidez estatal se convierta en una parálisis del proyecto.
La brecha presupuestal actual obligará a las empresas a ser más rigurosas en la defensa de sus derechos económicos. Solo quienes cuenten con una asesoría experta y de alto nivel técnico podrán navegar la incertidumbre fiscal del Estado y asegurar que sus proyectos concluyan con éxito pese a la inestabilidad institucional.
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