¿Sabe cómo la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) garantiza la eficiencia y continuidad en la ejecución de obras públicas bajo el nuevo marco legal?
La Junta de Prevención y Resolución de Disputas se consolida como el mecanismo de gestión de controversias más dinámico en la contratación estatal moderna. A diferencia de los métodos tradicionales de solución de conflictos, la JRD opera de manera permanente y preventiva durante toda la ejecución de la obra, permitiendo que las discrepancias técnicas y legales se resuelvan en tiempo real sin paralizar los frentes de trabajo. Este acompañamiento constante reduce drásticamente los costos de transacción y asegura que el proyecto cumpla con su finalidad pública dentro de los plazos previstos, evitando el escalamiento de conflictos hacia etapas de arbitraje que suelen ser más costosas y prolongadas.
Conforme al artículo 83 de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069), la JRD es obligatoria para los contratos de ejecución de obras cuyos montos superen los umbrales establecidos por la normativa. De acuerdo con el Reglamento de la Ley 32069, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, este órgano colegiado tiene la potestad de emitir recomendaciones vinculantes y decisiones de obligatorio cumplimiento inmediato para las partes. Su función no se limita exclusivamente a resolver disputas ya declaradas, sino que se extiende a la prevención activa mediante visitas periódicas a la obra, identificando riesgos potenciales antes de que se conviertan en controversias que comprometan la ruta crítica del proyecto.
En el Estudio Bonnett recomendamos que tanto entidades como contratistas realicen una selección rigurosa de los miembros de la JRD, priorizando profesionales que posean solvencia técnica en ingeniería y un manejo experto del marco regulatorio vigente. Una gestión proactiva de la Junta es la mejor estrategia para mitigar riesgos, evitar sobrecostos por paralizaciones y asegurar la culminación exitosa de la infraestructura pública.
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