Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: las denuncias de irregularidades en la contratación de la ONPE para 2026 revelan una crisis de gestión que pudo evitarse con rigor técnico. Un contrato bajo sospecha no es solo un problema mediático, es una contingencia legal que arriesga millones en fondos públicos y la reputación de los postores involucrados.
En el Perú actual, la seguridad jurídica es el activo más escaso y valioso. Para las empresas, participar en licitaciones de alto impacto requiere un blindaje estratégico que prevenga futuras nulidades o investigaciones. Por su parte, el Estado debe garantizar procesos transparentes mediante una asesoría preventiva que mitigue riesgos de arbitrajes costosos y demoras críticas. Contratar expertos en contratación pública y arbitraje no es un gasto, es una inversión necesaria para transformar la incertidumbre en predictibilidad. El análisis especializado permite detectar vicios en las bases o en la ejecución antes de que se conviertan en pérdidas económicas irreversibles.
Los próximos procesos electorales y las grandes obras nacionales enfrentarán un escrutinio sin precedentes. Solo quienes cuenten con asesoría jurídica de alto nivel desde el diseño de sus propuestas lograrán sortear con éxito el control gubernamental y asegurar la sostenibilidad de sus contratos. La prevención experta es la única garantía real frente a la inestabilidad institucional.
#ContrataciónPública #Arbitraje #Licitaciones #Perú #EstudioBonnett #InversiónPública #Abogado
Fuente Original: Leer noticia completa aquí