Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Congreso ha presentado mociones de interpelación contra los ministros del MTC y MEF por los retrasos en la Nueva Carretera Central, evidenciando que la gestión de megaobras en el Perú sigue atrapada en la ineficiencia administrativa y el riesgo político. La demora en proyectos estratégicos no es un problema de falta de recursos, sino de una carencia crítica en el diseño y ejecución técnica de los contratos.
Desde mi perspectiva como experto en la materia, estos escenarios representan una oportunidad perdida para blindar la inversión a través de estructuras legales sólidas. Las entidades del Estado y las empresas contratistas deben comprender que la prevención de controversias y la correcta administración contractual bajo estándares internacionales son las únicas herramientas capaces de proteger un proyecto frente a la inestabilidad política. Un asesoramiento preventivo en contratación pública permite identificar cuellos de botella antes de que se conviertan en causales de resolución o en arbitrajes costosos que paralizan el desarrollo del país.
La predictibilidad jurídica es el activo más valioso en la contratación estatal. Ignorar la necesidad de expertos en arbitraje y gestión de contratos durante la ejecución de obras de esta envergadura es condenar al proyecto al fracaso mediático y legal. Asegurar el éxito de la infraestructura nacional requiere, hoy más que nunca, de un soporte legal especializado que anticipe crisis y garantice la continuidad operativa frente a cualquier coyuntura externa.
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