Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Congreso aprueba una nueva censura presidencial en medio de controversias por el contrato Cardama; la inestabilidad política no puede seguir siendo el verdugo de la inversión y la ejecución contractual en el Perú.
En este escenario de incertidumbre administrativa, la diferencia entre el éxito y el colapso de un proyecto de envergadura radica exclusivamente en el blindaje legal preventivo. Las empresas que ejecutan obras o proveen al Estado necesitan hoy, más que nunca, una arquitectura contractual técnica que trascienda la coyuntura política y los cambios de gestión. No se trata simplemente de cumplir la norma, sino de anticipar los riesgos de resolución, caducidad o parálisis que suelen acompañar a estas crisis institucionales.
Un experto en arbitraje y contratación pública no solo gestiona controversias ante el OSCE o tribunales arbitrales, sino que asegura la continuidad operativa y protege el patrimonio frente a decisiones arbitrarias de las entidades. La seguridad jurídica en el Perú no es un beneficio automático de la ley, es un activo que se construye con estrategia legal de alto nivel desde la etapa de licitación.
Mi predicción es clara: solo las organizaciones que cuenten con asesoría especializada y una defensa férrea en materia de arbitraje lograrán navegar este nuevo ciclo de crisis sin comprometer su viabilidad financiera. El costo de prescindir de un experto en contratación pública hoy, se traduce inevitablemente en la ejecución de fianzas y la inhabilitación para contratar con el Estado mañana.
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