**Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia:** La controversia entre PMO Vías y el MTC respecto a la resolución de un contrato G2G es un ejemplo claro de cómo la ambigüedad en los marcos contractuales detiene la inversión. Las cláusulas mal redactadas no son un detalle; son la bomba de tiempo de todo proyecto de infraestructura.
En este escenario, la discusión sobre si aplica la Ley peruana o el marco G2G expone la fragilidad de las estructuras diseñadas sin una visión preventiva de arbitraje y resolución de disputas. Las empresas y entidades públicas deben entender que la verdadera eficiencia económica se logra *antes* de la controversia. Un especialista en contratación pública no solo gana arbitrajes; los evita, blindando los proyectos desde la fase de estructuración. El costo de la prevención es marginal frente al riesgo de paralización y las subsecuentes indemnizaciones multimillonarias.
Anticipo que este tipo de disputas jurisdiccionales escalarán al fuero arbitral si no se clarifican urgentemente los límites de la autonomía contractual. La única manera de asegurar la ejecución ininterrumpida de la obra pública y proteger el erario nacional es a través de una asesoría legal que domine la complejidad de los contratos híbridos y su litigación. Invertir en *expertise* legal de alto nivel es la mejor póliza para garantizar la culminación de la infraestructura que el Perú necesita.
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