Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: La cancelación del megacontrato de casi $8.000 millones de dólares con Francia para infraestructura vial en Perú es un recordatorio agudo de que el riesgo legal nunca duerme en la Contratación Pública.
La magnitud de la obra y su abrupta finalización no solo genera un vacío de inversión, sino que inevitablemente abre la puerta a procesos contenciosos extremadamente complejos y onerosos. La experiencia demuestra que estas controversias no se resuelven solo con voluntad política; requieren una ingeniería contractual y procesal robusta planificada desde la génesis del proyecto. El Estado Peruano, al igual que las empresas que aspiran a licitaciones billonarias, tiene la obligación de blindar sus intereses mediante el diseño estratégico de cada etapa del proceso, previendo los mecanismos de defensa y resolución de controversias adecuados.
El verdadero valor no reside en la capacidad de cancelar un contrato, sino en la gestión eficiente y legalmente sólida de sus consecuencias. Anticipo que veremos una escalada en las demandas de arbitraje. Quienes logren evitar la pérdida económica y la paralización de la inversión serán aquellos que integren proactivamente la estrategia legal especializada en Contratación Pública y Arbitraje, evitando que el problema escale innecesariamente a un litigio internacional. La prevención experta es siempre el mejor negocio para la inversión pública.
#ContrataciónPública #Arbitraje #Licitaciones #Perú #EstudioBonnett #InversiónPública #Abogado
Fuente Original: Leer noticia completa aquí