Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Congreso otorgaría un nuevo plazo al MEF para la reglamentación de la homologación CAFAE. Este tipo de prórrogas regulatorias son el terreno fértil para futuras controversias contractuales.
Más allá del tema de fondo, la noticia evidencia un patrón recurrente: la incertidumbre normativa. Para las empresas que contratan con el Estado, este vacío temporal genera riesgos en la formulación de sus ofertas y en la ejecución contractual. Para las entidades públicas, representa un desafío al momento de elaborar bases de licitación claras y contratos sólidos que no sean impugnables. En ambos casos, la ambigüedad se traduce en sobrecostos y potenciales litigios.
La oportunidad no está en esperar el reglamento, sino en actuar ahora. Una asesoría experta permite diseñar cláusulas contractuales que mitiguen los riesgos derivados de futuros cambios normativos y que protejan la ecuación económico-financiera del contrato, sea para el proveedor o para la entidad.
La falta de una reglamentación clara y oportuna no es solo un trámite administrativo; es la causa directa de futuras controversias arbitrales millonarias. La anticipación y la asesoría especializada en la estructuración de contratos y bases son la única defensa eficaz contra la incertidumbre normativa.
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