Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la OCDE proyecta un crecimiento del 3.1% para Perú en 2025, pero lo supedita a una mayor eficiencia en la inversión pública. Este no es solo un pronóstico económico; es la señal de un cambio inminente en las reglas de juego contractuales.
El llamado a la eficiencia no es una sugerencia, es una exigencia. Implica que el Estado deberá ser implacable en la estructuración de sus licitaciones y en la ejecución de sus contratos para alcanzar esa meta de crecimiento. Para las empresas, esto se traduce en una doble realidad: la oportunidad de acceder a proyectos mejor financiados y, a la vez, el riesgo de enfrentar procesos de selección y supervisión mucho más rigurosos, donde cualquier imprecisión contractual será un punto de quiebre. El éxito, tanto para la entidad pública como para el contratista, no residirá en la obra misma, sino en la solidez de su arquitectura legal previa.
Aquellos proyectos que avancen sin una asesoría experta que blinde los contratos y anticipe las controversias desde el inicio, serán las primeras víctimas de esta nueva exigencia. La prevención a través de un especialista no es un costo, es la única estrategia viable para capitalizar el crecimiento que se avecina.
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