Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la renuncia de ministros tras la millonaria compra de aviones a Lockheed Martin revela la fragilidad institucional frente a adquisiciones estratégicas mal blindadas. Este escenario no es solo una crisis política, sino una advertencia sobre los riesgos técnicos y legales que conlleva la falta de un acompañamiento especializado en contratación pública de defensa.
En mi experiencia, la viabilidad de estos contratos de alto impacto no debe depender de la permanencia de los funcionarios de turno, sino de una ingeniería jurídica robusta que garantice la continuidad del Estado. Para las empresas internacionales y las entidades públicas, el escenario de incertidumbre actual representa una oportunidad para revalorizar el rol del experto en arbitraje y contrataciones. El asesoramiento preventivo no es un gasto, sino el único mecanismo eficaz para mitigar riesgos reputacionales y evitar que proyectos de seguridad nacional terminen paralizados por deficiencias en la gestión del contrato o el escrutinio mediático desinformado.
Mi predicción es clara: solo aquellas entidades y proveedores que integren asesoría experta en arbitraje y contratación desde la fase de planeamiento lograrán superar la inestabilidad política que hoy detiene al país. La inversión estatal en el Perú requiere blindaje técnico absoluto; contratar especialistas es la única forma de asegurar que el ruido político no se convierta en una contingencia legal insalvable que afecte el patrimonio del Estado y la confianza del inversor.
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