Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el debate sobre el mercenarismo disfrazado de empleo lícito expone la fragilidad de los contratos en sectores críticos. La validez de un acuerdo no reside únicamente en la firma de las partes, sino en la solidez técnica y legal de sus cláusulas frente al ordenamiento jurídico.
En el ecosistema de la contratación pública y las inversiones en el Perú, la imprecisión contractual es el primer paso hacia el fracaso económico y el conflicto arbitral. Las entidades públicas y las empresas privadas suelen subestimar el rigor requerido en el diseño de los términos de referencia y las condiciones contractuales, exponiéndose a interpretaciones que desnaturalizan el objeto del contrato. La verdadera ventaja competitiva radica en la implementación de una arquitectura legal preventiva. El experto no solo evita la sanción o el litigio, sino que maximiza la eficiencia de los recursos al blindar cada etapa del proceso contra vacíos legales que hoy, más que nunca, pueden derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales.
La complejidad de los escenarios actuales anticipa un incremento en la litigiosidad contractual si no se profesionaliza la gestión desde su origen. Asegurar el éxito de una inversión o de una prestación pública depende de una asesoría especializada en contratación y arbitraje que identifique riesgos invisibles para el ojo no experto. La contratación estratégica es la única garantía de seguridad jurídica y rentabilidad institucional en el país.
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