Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: los planes de gobierno de cara al 2026 relegan la reforma de justicia a un plano secundario, una omisión que amenaza directamente la estabilidad de la inversión pública y privada en el país.
Esta falta de enfoque estructural en la justicia ordinaria obliga a los actores del mercado a buscar mecanismos de protección técnica mucho más sofisticados. En el contexto de la contratación pública, la ausencia de reformas incrementa los riesgos de arbitrariedad y lentitud, factores que solo pueden ser mitigados mediante el uso estratégico del arbitraje y una gestión contractual preventiva de alto nivel. La seguridad jurídica que el Estado no garantiza en sus planes políticos debe ser construida desde la especialización técnica en la etapa de licitación y ejecución. Para las empresas, contar con una asesoría que domine la complejidad del arbitraje de inversiones y las normativas de contrataciones del Estado no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia financiera frente a la incertidumbre institucional que se proyecta.
La predictibilidad de los proyectos en el próximo periodo dependerá exclusivamente de la capacidad de los expertos para blindar legalmente cada fase de la contratación. Solo aquellos que integren una defensa arbitral rigurosa y un diseño contractual preventivo podrán navegar con éxito un entorno donde la reforma judicial sigue siendo una tarea pendiente. La contratación de especialistas en esta materia es la única garantía real para evitar la parálisis de proyectos y asegurar el retorno de la inversión.
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