Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El MEF inyectará 10,000 millones de soles al FONCOMUN para reactivar la infraestructura municipal, un movimiento que pone a prueba la madurez del sistema de contrataciones en el Perú. La abundancia de recursos, sin una arquitectura legal sólida que la sostenga, es el escenario ideal para la proliferación de controversias y obras paralizadas.
Este incremento presupuestal representa una oportunidad estratégica para el sector privado y una responsabilidad crítica para las entidades públicas. Sin embargo, el derecho de la contratación pública no permite improvisaciones. La clave para que estos fondos se traduzcan en desarrollo y no en expedientes judiciales reside en la estructuración preventiva de las ofertas y el manejo riguroso de la ejecución contractual. La visión experta permite anticipar riesgos que pasan inadvertidos para el gestor común, asegurando que cada sol invertido cuente con el respaldo de una defensa técnica robusta frente a eventuales arbitrajes.
Mi predicción es clara: el éxito de esta inversión histórica dependerá exclusivamente de la calidad de la asesoría legal especializada. Solo aquellos contratistas y entidades que integren a expertos en contratación pública y arbitraje en sus procesos lograrán viabilizar sus proyectos con seguridad jurídica. Ignorar la complejidad legal de este despliegue de capital es condenar la infraestructura al fracaso administrativo y al estancamiento judicial.
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