Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El MEF proyecta expectativas de inversión optimistas para 2026 y busca un déficit fiscal de 1.8%. El verdadero desafío no es solo tener la caja, sino ejecutar la inversión sin caer en la trampa del arbitraje.
Este escenario de reactivación y aumento de la inversión pública es un campo fértil para las empresas, pero también el caldo de cultivo perfecto para controversias de alta complejidad. La diferencia entre una oportunidad de negocio y un proceso arbitral oneroso radica en la estructuración legal de la oferta o del contrato.
Las entidades públicas, por su parte, deben asegurar que la adjudicación y la gestión contractual se blinden contra futuras reclamaciones multimillonarias. No basta con la voluntad política; se requiere la arquitectura jurídica adecuada desde el día cero. La inversión pública solo se materializa en infraestructura cuando la gestión legal acompaña la ambición económica.
La única manera de asegurar que estas proyecciones optimistas se traduzcan en infraestructura real, y no en laudos desfavorables, es integrando la visión del Arbitraje y la Contratación Pública como estrategia central, no como remedio final. Aquellos actores, ya sean empresas o entidades, que inviertan hoy en el blindaje contractual y la estrategia de licitación, serán quienes cosechen los frutos del 2026.
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