Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: Los miles de millones de dólares adjudicados en Perú que siguen sin fecha de inicio no son solo un problema de gestión; son contratos con un riesgo latente y cuantificable. La parálisis administrativa es la antesala de un arbitraje costoso.
La lentitud en el inicio de estas obras evidencia una debilidad profunda en la fase de estructuración contractual y la gestión de requisitos previos. Para las empresas, esperar indefinidamente no es opción: cada día de inacción genera sobrecostos indemnizables y desprotege la inversión.
El momento clave para mitigar este riesgo no es cuando el contrato falla, sino en la fase precontractual y durante la negociación de las condiciones de inicio, asegurando cláusulas claras de aceleración o mecanismos de resolución temprana. Asesorar al contratista o a la entidad pública desde el inicio garantiza que el proceso de adjudicación sea un activo ejecutable y no un pasivo legal.
El Estado peruano y los contratistas enfrentarán una ola de controversias si no se activan mecanismos legales eficientes para el desbloqueo. El futuro de estos proyectos críticos no depende solo de la voluntad política, sino de la intervención inmediata de expertos en Contratación Pública y Arbitraje para transformar la adjudicación en ejecución tangible. La inversión solo prospera con certeza jurídica preventiva.
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