Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la minera Kingsgate resuelve su arbitraje con Tailandia y recupera la operación de su mina Chatree. Este caso es un espejo de los riesgos que el Estado peruano asume con decisiones políticas que afectan contratos de inversión.
Más allá del titular, lo que vemos es un Estado que, tras una costosa disputa legal, se ve forzado a ceder. Estos arbitrajes no surgen de la nada; son el resultado directo de decisiones gubernamentales que vulneran la estabilidad jurídica y los tratados de protección de inversiones. Cada vez que una entidad pública en Perú opta por una resolución contractual o una modificación unilateral sin un sólido sustento técnico-legal, está abriendo la puerta a un escenario similar, exponiendo al erario a condenas millonarias.
El «acuerdo» en estos casos suele ser una salida diplomática para evitar un laudo condenatorio que evidencie la arbitrariedad de la medida original. La lección para nuestras autoridades es clara: la gestión de grandes contratos no admite improvisación.
La falta de un riguroso análisis de riesgos legales previos en la gestión de grandes contratos de concesión e inversión es una bomba de tiempo. Si no se profesionaliza la toma de decisiones en el sector público, el Perú seguirá acumulando costosos laudos arbitrales en su contra, comprometiendo su desarrollo.
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