Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la autorización para modificar el Contrato de Concesión de la Central Solar Fotovoltaica Lupi a solicitud de la empresa adjudicataria. Este hecho, que podría parecer un simple ajuste administrativo, en realidad evidencia una de las mayores vulnerabilidades en la contratación pública peruana.
Cuando el Estado permite modificar un contrato recién adjudicado, especialmente en sus aspectos sustanciales, se socava el principio de competencia que rigió la licitación original. Las condiciones con las que una empresa ganó la buena pro deben ser las que se ejecuten. Alterarlas post-adjudicación crea un precedente riesgoso: convierte las ofertas en meros puntos de partida negociables, en lugar de compromisos firmes y vinculantes.
Esto no solo genera una desventaja para los demás postores que compitieron bajo las reglas originales, sino que también debilita la posición del Estado en futuras negociaciones y abre una peligrosa puerta a la renegociación constante de los términos contractuales.
Si esta práctica de flexibilización post-firma se normaliza, veremos cómo las bases de las licitaciones pierden seriedad y cómo se incrementarán las controversias arbitrales iniciadas por competidores que aleguen un trato no igualitario.
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