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La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la gestión estatal plantea un desafío ineludible para el derecho administrativo contemporáneo: definir con precisión quién asume los costos operativos, los riesgos tecnológicos y las responsabilidades jurídicas de su implementación. Este debate sobre la sostenibilidad financiera y el impacto económico de dichas herramientas adquiere especial relevancia en la agenda institucional y contractual.
El replanteamiento de la contratación pública
Desde la perspectiva de la contratación pública y la gestión estatal, este escenario exige un cambio metodológico profundo. No resulta jurídicamente viable incorporar innovación tecnológica bajo los esquemas tradicionales de adquisición de bienes o servicios. Los contratos suscritos por la administración que involucren sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial deben prever reglas claras y exigentes sobre propiedad intelectual, ciberseguridad, mitigación de sesgos y una adecuada asignación de riesgos ante posibles fallas operativas.
Sostenibilidad financiera y seguridad jurídica
La eficiencia en el gasto público y la seguridad jurídica en la ejecución de los contratos estatales dependen directamente de que tanto las entidades públicas como los proveedores anticipen estos pasivos desde la fase precontractual. La asunción de los costos derivados de la innovación tecnológica requiere una gestión contractual rigurosa y marcos regulatorios previsibles que eviten que las contingencias imprevistas terminen judicializadas o comprometan la continuidad de los servicios públicos esenciales.
En Bonnett & Asociados consideramos que anticipar estas contingencias mediante un diseño contractual adecuado es la vía más idónea para conciliar la modernización tecnológica del Estado con la protección del interés general y la estabilidad fiscal.
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