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La incorporación de la inteligencia artificial en la contratación pública ha dejado de ser una perspectiva teórica para convertirse en un debate legal ineludible dentro de la gestión administrativa contemporánea. Recientemente, en el marco del V Congreso de Contratación Pública de Valencia, se analizó el impacto de estas tecnologías a partir de la participación de expertos legales del sector salud, evidenciando cómo la digitalización transforma los procedimientos de compras estatales y la ejecución de contratos con el Estado.
El impacto de la automatización en los procesos de compras estatales
Desde la perspectiva del derecho administrativo y la contratación pública, el uso de herramientas automatizadas plantea desafíos complejos para los operadores jurídicos y las entidades estatales. Por un lado, la tecnología ofrece ventajas evidentes en términos de optimización en la selección de proveedores, procesamiento de datos a gran escala y mayor trazabilidad en las distintas fases de los procesos de contratación. Por otro lado, introduce riesgos significativos que afectan directamente los principios rectores de la función administrativa.
Entre los aspectos más delicados destacan las implicaciones sobre la transparencia algorítmica, los límites de la discrecionalidad técnica y la estricta observancia del deber de motivación que asiste a toda decisión pública. Cuando un sistema automatizado interviene en la evaluación o adjudicación, la administración mantiene la obligación indelegable de justificar los fundamentos jurídicos y técnicos de su actuación, evitando que la opacidad del soporte tecnológico se traduzca en indefensión para los administrados o participantes.
Garantías procesales frente a la eficiencia algorítmica
Los operadores jurídicos, tanto en el ámbito corporativo como en el sector público, deben anticiparse a este proceso de transformación regulatoria y tecnológica. La búsqueda legítima de eficiencia algorítmica debe marchar siempre en estricto paralelo con las garantías insustituibles del debido procedimiento administrativo y el control de legalidad.
En este escenario, el criterio jurídico humano no puede ser desplazado por la aparente neutralidad matemática del software. La tecnología debe concebirse y utilizarse como un instrumento al servicio del interés público y del cumplimiento normativo, y no como un mecanismo autónomo que sustraiga las decisiones contractuales del escrutinio jurídico y del control institucional.
Desde la óptica de Bonnett & Asociados, el análisis riguroso de estas innovaciones resulta fundamental para asesorar adecuadamente a las organizaciones en sus relaciones contractuales con el Estado, velando siempre por la seguridad jurídica y la correcta aplicación de los principios que rigen la contratación pública.
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