¿Representa la Junta de Prevención y Resolución de Disputas el mecanismo más eficiente para evitar la paralización de obras bajo la nueva Ley 32069?
La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como una herramienta estratégica de acompañamiento técnico y legal durante la ejecución contractual. A diferencia de los métodos de solución de controversias reactivos, la JRD actúa de manera proactiva, identificando riesgos y resolviendo discrepancias en tiempo real para evitar que estas deriven en paralizaciones que afecten la finalidad pública de la obra. Su enfoque no es solo decisorio, sino principalmente preventivo, permitiendo que la gestión del contrato mantenga su dinamismo frente a las complejidades técnicas del sector construcción, asegurando que la obra no se detenga por discrepancias interpretativas o técnicas.
Este mecanismo encuentra su base legal en la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Conforme al artículo 77 de la referida Ley, la JRD tiene la potestad de emitir decisiones vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, las cuales deben ejecutarse de manera inmediata, sin perjuicio de que puedan ser sometidas a arbitraje tras la recepción de la obra. El Reglamento desarrolla los alcances de su competencia, estableciendo que su intervención es obligatoria en contratos de obra cuyos montos superen los umbrales definidos, garantizando una tutela efectiva durante la etapa de ejecución.
En el Estudio Bonnett recomendamos que tanto contratistas como entidades realicen una selección diligente de los integrantes de la JRD, verificando su idoneidad técnica y su conocimiento profundo de la normativa vigente. Una JRD instalada oportunamente y compuesta por expertos solventes permite transformar un conflicto potencial en una solución técnica viable, minimizando los costos de transacción y asegurando que las controversias remanentes sean mínimas al momento de la liquidación del contrato. La prevención es la mejor inversión para garantizar el éxito de la infraestructura pública.
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