¿Es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas el mecanismo definitivo para evitar la paralización de obras públicas?
La ejecución de obras de infraestructura en el Perú ha enfrentado históricamente el desafío de controversias técnicas que detienen el avance físico y financiero de los proyectos. Bajo el nuevo paradigma de la Ley General de Contrataciones Públicas, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida como una herramienta de acompañamiento permanente y preventivo. A diferencia del arbitraje, que suele ser reactivo y posterior a la consumación del conflicto, la JRD opera en tiempo real, permitiendo que las decisiones técnicas y legales se adopten sin suspender la ejecución contractual, garantizando así la continuidad de la inversión pública y la entrega oportuna de los proyectos.
Conforme al artículo 78 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y lo dispuesto en el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, la implementación de la JRD es obligatoria para los contratos de obra cuyos montos superen los umbrales definidos en la normativa vigente. La norma faculta a este órgano colegiado para emitir decisiones vinculantes y de inmediato cumplimiento, asegurando que las discrepancias sobre valorizaciones, ampliaciones de plazo o deficiencias en el expediente técnico no deriven en paralizaciones onerosas. El reglamento enfatiza la función preventiva de la JRD, obligando a los miembros a realizar visitas periódicas a la obra para identificar riesgos potenciales antes de que se conviertan en controversias formales.
En el Estudio Bonnett recomendamos a las entidades y contratistas realizar una selección rigurosa de los miembros de la JRD, priorizando no solo la solvencia técnica y legal, sino también la experiencia en gestión de riesgos contractuales bajo la Ley N° 32069. Una adecuada gestión de las comunicaciones ante la Junta y un sustento técnico sólido en las audiencias de consulta son fundamentales para obtener decisiones favorables que protejan el equilibrio económico del contrato. La JRD debe ser vista como un aliado estratégico para el éxito del proyecto y no como una instancia burocrática adicional.
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