¿Sabías que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas ha dejado de ser un simple mecanismo alternativo para convertirse en el pilar de la continuidad operacional en las obras públicas?
La gestión de controversias en contratos de obra pública históricamente ha paralizado proyectos de gran envergadura por diferir la solución de disputas a procesos arbitrales extensos. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) transforma este esquema al actuar in situ de forma permanente. No obstante, en la práctica advertimos una crítica constructiva: las Entidades y contratistas suelen desaprovechar su función preventiva, acudiendo a la JRD únicamente cuando el conflicto es irreversible, distorsionando así la naturaleza de este mecanismo.
En el marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la JRD emite decisiones de obligatorio cumplimiento inmediato para las partes, independientemente de que puedan ser reservadas para su posterior sometimiento a arbitraje. Esta fuerza vinculante exige que la formulación de peticiones, absolución de consultas y soporte probatorio ante la JRD cuenten con un nivel de rigor técnico y jurídico equivalente al de un proceso arbitral, ya que sus decisiones impactan directamente en la liquidez y el cronograma del proyecto.
En el Estudio Bonnett recomendamos diseñar una estrategia preventivo-legal desde el inicio de la ejecución de la obra. Un acompañamiento legal especializado en el seguimiento de las actuaciones ante la JRD asegura la adecuada preservación de derechos y fortalece la posición institucional de la empresa ante un eventual arbitraje.
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