Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El Congreso busca que el ISC sea definido por ley y no por el MEF, impactando una recaudación de S/ 9,936 millones. Este cambio normativo no es una simple variación tributaria, sino un sismo en la predictibilidad de costos para los contratistas del Estado y una señal de alerta para la seguridad jurídica en las inversiones.
La transición de una facultad técnica del Ejecutivo hacia una decisión política en el Legislativo incrementa exponencialmente el riesgo de desequilibrio económico en los contratos de infraestructura y servicios. Aquellos proveedores que dependen de insumos sujetos al ISC, como el combustible para maquinaria pesada o logística, se enfrentarán a una volatilidad que las fórmulas polinómicas actuales podrían no absorber de manera eficiente. La verdadera oportunidad legal para las empresas no está en reaccionar al impuesto, sino en la activación preventiva de mecanismos de reequilibrio económico-financiero y la revisión exhaustiva de las cláusulas de «cambio en la legislación». Ignorar estas variables hoy es aceptar pérdidas proyectadas mañana en proyectos de larga maduración.
Mi predicción es que esta medida provocará una saturación de controversias arbitrales debido al impacto directo en los costos operativos de las concesiones y licitaciones vigentes. La contratación de asesoría especializada en contratación pública y arbitraje de inversiones es la única ruta segura para blindar el patrimonio de las empresas y garantizar que el Estado cumpla con sus compromisos contractuales frente a este nuevo escenario de incertidumbre regulatoria.
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