Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: un nuevo paro amenaza un proyecto vial en Junín por retrasos en su ejecución. Este tipo de conflictos no son inevitables, son el resultado predecible de una gestión contractual deficiente.
Cada día de paralización no solo representa una pérdida económica directa para el contratista y el Estado, sino que erosiona la confianza pública y genera sobrecostos que superan largamente cualquier inversión en prevención.
El verdadero escenario de ganancia para ambas partes no está en el litigio, sino en la anticipación. Una asesoría especializada desde la fase de licitación y durante la ejecución del contrato permite identificar y mitigar riesgos como este. La clave está en diseñar contratos sólidos y en activar mecanismos de resolución de controversias de forma temprana, antes de que escalen a un punto de no retorno.
El futuro de la inversión pública en el Perú no dependerá de la cantidad de obras, sino de la calidad de su gestión contractual. Ignorar la asesoría experta en las etapas iniciales es garantizar la judicialización y el fracaso de los proyectos más necesarios para el país.
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