Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el Aeropuerto de Chinchero enfrenta un retraso crítico hasta 2028 tras siete adendas que han incrementado sustancialmente su costo original. La gestión de megaproyectos bajo la modalidad de Estado a Estado no es una garantía absoluta de eficiencia si carece de un control preventivo especializado.
La proliferación de adendas y el desfase en los cronogramas evidencian una gestión de riesgos deficiente que impacta directamente en la caja fiscal y en la rentabilidad de las empresas ejecutoras. Tanto para el Estado como para los inversionistas privados, la viabilidad de una obra de esta magnitud depende de un blindaje legal riguroso desde la etapa de estructuración hasta la liquidación. Contar con asesoría experta en contratación pública y arbitraje no debe verse como un gasto, sino como la inversión estratégica necesaria para transformar las contingencias en oportunidades de reequilibrio técnico y financiero, evitando que las disputas paralicen la infraestructura nacional.
Mi predicción es clara: el éxito de los futuros proyectos de infraestructura en el Perú dependerá exclusivamente de la capacidad de las partes para anticipar conflictos mediante una estrategia legal técnica y proactiva. La intervención de especialistas en la materia es el único mecanismo real para blindar los contratos, asegurar la continuidad de la inversión y evitar que las deficiencias en la ejecución se traduzcan en arbitrajes costosos y obras paralizadas.
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