¿Sabes cómo la Junta de Prevención y Resolución de Disputas optimiza la ejecución de obras bajo el nuevo marco legal?
La paralización de proyectos de infraestructura ha sido históricamente el resultado de discrepancias técnicas y legales no resueltas en tiempo real. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) surge como una respuesta estratégica para mitigar estos riesgos, actuando como un órgano permanente que acompaña la ejecución contractual. Su propósito no es solo dirimir controversias ya instaladas, sino prevenir su aparición mediante un acompañamiento técnico continuo, permitiendo que las decisiones críticas se tomen en el sitio de la obra y no años después en una sede jurisdiccional con el proyecto ya detenido.
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la JRD es un mecanismo de resolución de controversias obligatorio para contratos de obra que superen los montos establecidos en la normativa. Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, desarrolla sus facultades preventivas y resolutivas. La normativa establece que las decisiones emitidas por la JRD son de cumplimiento obligatorio e inmediato para las partes, sin perjuicio de que puedan ser sometidas posteriormente a un arbitraje, garantizando así que la ejecución física no se detenga por discrepancias administrativas.
En el Estudio Bonnett recomendamos realizar una selección rigurosa de los miembros de la JRD, verificando que cuenten con la especialidad técnica requerida para el proyecto y un manejo experto de la Ley 32069. Una gestión proactiva ante la Junta permite formalizar discrepancias tempranas y evitar que las controversias escalen a procesos complejos que afecten la liquidez del contratista o la entrega de la infraestructura pública.
Para asesoría especializada, contáctanos al WhatsApp 980670384 o francisco.bonnett@estudiobonnett.com con atención al Dr. Francisco Bonnett.
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