¿Es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas el mecanismo definitivo para evitar la paralización de obras bajo la nueva normativa?
La ejecución de obras públicas en el Perú ha enfrentado históricamente el desafío de las paralizaciones derivadas de controversias no resueltas oportunamente. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) se consolida en el nuevo marco legal como un órgano técnico especializado y permanente, cuya función primordial no es solo resolver conflictos, sino prevenirlos mediante el acompañamiento continuo desde el inicio de la ejecución hasta la recepción de la infraestructura. Su naturaleza técnica permite que las decisiones se tomen con celeridad, garantizando que el flujo de caja y el cronograma del proyecto no se vean comprometidos por discrepancias interpretativas o deficiencias en el expediente técnico.
De acuerdo con el artículo 114 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden someter a una JRD las controversias que surjan durante la ejecución contractual. Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, desarrolla los alcances de su obligatoriedad y funcionamiento, otorgando a este colegiado la potestad de emitir decisiones de cumplimiento obligatorio e inmediato. Estas decisiones son vinculantes para las partes, asegurando la continuidad de la prestación, sin perjuicio de que las discrepancias residuales puedan ser sometidas a un arbitraje tras la recepción o liquidación de la obra.
En el Estudio Bonnett recomendamos a las entidades y empresas contratistas una implementación proactiva de la JRD, priorizando la selección de miembros con probada solvencia ética y técnica. Una gestión estratégica de las visitas a obra y de las consultas preventivas permite mitigar riesgos legales antes de que se conviertan en pretensiones económicas complejas, asegurando la eficiencia en el uso de los fondos públicos y el cumplimiento de las metas físicas del proyecto.
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