Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el MEF proyecta un crecimiento del 3.2% hacia el 2029 impulsado por la inversión privada y pública, una cifra que anticipa una saturación de procesos de selección y ejecución contractual de gran envergadura.
Este panorama de expansión económica exige que tanto las empresas como las entidades del Estado dejen de ver el cumplimiento legal como un trámite y empiecen a gestionarlo como un activo estratégico. El aumento de la inversión trae consigo una mayor complejidad técnica y legal en los contratos, donde cualquier error en la fase de selección o en la administración de riesgos durante la ejecución puede derivar en arbitrajes costosos que paralicen el desarrollo. La clave para aprovechar este ciclo de crecimiento no está en la simple participación, sino en la estructuración de ofertas técnicamente inatacables y en la prevención de controversias mediante mecanismos de resolución eficientes. Las empresas que busquen liderar el mercado deben priorizar una asesoría legal que combine el rigor normativo con una visión pragmática del arbitraje de inversiones.
Predigo que solo aquellos actores que blinden sus operaciones con especialistas en contratación pública y arbitraje lograrán transformar estas proyecciones macroeconómicas en beneficios tangibles y exentos de contingencias legales. El éxito en este nuevo ciclo depende de la seguridad jurídica que se construya hoy para evitar litigios innecesarios mañana.
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