Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la adjudicación de 48 millones de dólares a Acciona para la torre de control en Chinchero marca un hito en la infraestructura del sur, pero también pone a prueba la solidez de nuestra gestión contractual en megaproyectos.
La ejecución de obras de esta magnitud bajo esquemas de alta complejidad exige más que capacidad técnica; requiere una arquitectura legal blindada desde el primer día. En el contexto actual de la contratación pública peruana, el éxito no se garantiza solo con la firma del contrato, sino con la prevención estratégica de controversias. Las empresas y el Estado deben entender que un contrato mal gestionado es, en esencia, un arbitraje latente. La ventaja competitiva real reside en integrar especialistas que dominen la normativa y anticipen los cuellos de botella administrativos, transformando posibles demoras en eficiencias operativas y financieras que aseguren la rentabilidad y el estricto cumplimiento del cronograma.
La complejidad técnica y política de Chinchero no perdona la improvisación legal. Quienes no cuenten con una asesoría especializada en prevención de conflictos y arbitraje de inversiones desde la fase de ejecución enfrentarán contingencias que superarán cualquier presupuesto inicial. El mercado actual demanda una gestión técnica proactiva para asegurar que esta inversión estratégica se concrete sin las dilaciones que el desconocimiento del sistema suele provocar. Es imperativo profesionalizar la defensa de los intereses contractuales para evitar el colapso financiero de los proyectos.
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