¿Sabías que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es hoy el pilar fundamental para evitar la paralización de las obras públicas en el Perú?
La implementación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JRD) representa un cambio de paradigma en la gestión de proyectos de infraestructura. A diferencia de los métodos de resolución de conflictos tradicionales que intervienen de forma reactiva, la JRD acompaña la ejecución del contrato de manera permanente. Su objetivo no es solo resolver controversias ya declaradas, sino actuar de forma preventiva, identificando riesgos y discrepancias técnicas antes de que estas escalen y afecten la ruta crítica del proyecto, garantizando así la continuidad de la inversión pública.
De acuerdo con el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la JRD se establece como un mecanismo especializado cuyos miembros realizan visitas periódicas a la obra y emiten decisiones vinculantes de inmediato cumplimiento. La norma técnica y legal actual refuerza la competencia de la Junta para intervenir en discrepancias sobre valorizaciones, ampliaciones de plazo y otras modificaciones contractuales, reduciendo significativamente la necesidad de recurrir a procesos arbitrales prolongados y costosos para las partes.
En el Estudio Bonnett recomendamos a las entidades y contratistas que perciban a la JRD como un aliado estratégico en la administración contractual y no como un órgano meramente fiscalizador. Es vital que ambas partes mantengan una comunicación transparente y técnica con los miembros de la Junta desde el inicio del contrato, preparando informes de gestión de riesgos sólidos que permitan a los expertos de la JRD emitir recomendaciones preventivas informadas, protegiendo así el equilibrio económico y los plazos de entrega de la obra.
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