Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la detención del gerente de Gestión Electoral de la ONPE por presuntas omisiones en la ejecución contractual revela una crisis de gestión que pudo evitarse con una adecuada estructuración jurídica. Este escenario es el reflejo de los riesgos críticos que enfrentan tanto funcionarios como proveedores cuando el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos se omiten en la toma de decisiones estratégicas.
En el complejo ecosistema de las contrataciones públicas en el Perú, la diferencia entre el éxito de un proyecto y una responsabilidad penal radica en la capacidad de anticipar contingencias desde la fase de planificación y ejecución. Para las empresas, contar con una asesoría experta en contratación y arbitraje no es un gasto, sino un blindaje indispensable que protege la reputación y la rentabilidad frente a interpretaciones arbitrarias del sistema. El Estado, por su parte, requiere de especialistas que garanticen la eficiencia sin vulnerar la legalidad, evitando la paralización de servicios esenciales para el país.
La judicialización de la gestión pública será la tendencia dominante si no se profesionaliza la asesoría en las licitaciones. Prevenir una responsabilidad administrativa o penal requiere de una estrategia técnica de alto nivel que solo un experto en la materia puede garantizar. La seguridad jurídica en la inversión pública no es opcional; es el único camino para asegurar la viabilidad de sus proyectos y la libertad de quienes los ejecutan.
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