Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el incumplimiento de Galaga SAC en el marco de las Elecciones 2026 evidencia que la previsibilidad contractual en el papel es insuficiente sin una gestión de riesgos técnica y jurídica de alto nivel. Lo que se proyectaba como una ejecución controlada ha derivado en una crisis institucional que compromete la estabilidad del proceso democrático, demostrando que la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo el mayor riesgo para el Estado y los inversionistas.
En el mercado peruano, la verdadera ventaja competitiva para una empresa no radica solo en ganar la buena pro, sino en blindar la ejecución del contrato mediante un acompañamiento legal especializado en contratación pública y arbitraje. Las entidades del Estado, por su parte, requieren estructurar procesos con mecanismos de solución de controversias preventivos y filtros de solvencia técnica reales. Un experto en la materia no solo interpreta la Ley de Contrataciones; anticipa escenarios de incumplimiento y diseña estrategias de salida que protegen el patrimonio y la reputación de las partes. La oportunidad económica hoy está en la especialización: reducir la incertidumbre jurídica para transformar un contrato crítico en un proyecto rentable y ejecutable.
La improvisación en licitaciones de envergadura nacional siempre termina en resoluciones contractuales, inhabilitaciones o arbitrajes millonarios que pudieron evitarse. El único camino para garantizar la viabilidad de la inversión pública y privada es contar con asesoría técnica que actúe desde la etapa de planificación, asegurando que cada cláusula sea una herramienta de gestión y no un detonante de conflictos.
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