Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el gasto en prevención de desastres en el Perú sigue siendo marginal, priorizando la reacción tardía sobre la planificación técnica. Esta ineficiencia estructural no es solo una falta de fondos, sino una carencia de estrategia legal en la ejecución de la inversión pública.
Desde mi perspectiva como experto en Contratación Pública y Arbitraje, la brecha en prevención representa una oportunidad crítica para transformar cómo el Estado y el sector privado gestionan proyectos de infraestructura de protección. La inversión preventiva exige contratos sofisticados que minimicen controversias y aseguren la continuidad de la obra frente a imprevistos climáticos. Las entidades públicas y los contratistas que no cuentan con una asesoría legal especializada desde la estructuración del proceso están destinados al arbitraje ineficiente, a las penalidades o, peor aún, a la paralización total de proyectos vitales.
La ventaja competitiva hoy reside en la gestión estratégica de riesgos contractuales. Un diseño legal sólido y una defensa técnica de alto nivel en arbitrajes de inversión no son gastos accesorios, sino el blindaje necesario para que el presupuesto se convierta en obras reales y seguras. La prevención técnica requiere, obligatoriamente, de prevención legal.
Predigo que solo aquellos actores que integren expertos en derecho administrativo y resolución de conflictos desde la licitación lograrán ejecutar proyectos de prevención exitosos y rentables. La improvisación en este sector es el camino más directo hacia la responsabilidad administrativa y el fracaso financiero; contratar experiencia probada es la única vía para garantizar seguridad jurídica y desarrollo nacional.
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