Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: Perú enfrenta una escalada histórica de ciberataques en un contexto de cambios en el MEF y la PCM, lo que sitúa a la seguridad digital como el activo más crítico y vulnerable de la inversión pública actual.
Esta vulnerabilidad masiva no es solo un reto tecnológico, sino un escenario de altísimo riesgo legal y contractual que el Estado y sus proveedores deben mitigar de inmediato. En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la adquisición de infraestructura digital y servicios de ciberseguridad exige una estructuración técnica-legal impecable para evitar controversias por incumplimientos, penalidades o resolución de contratos ante brechas de seguridad. Para las empresas, este es el momento de blindar sus propuestas; para las entidades públicas, es la oportunidad de modernizar sus bases administrativas con cláusulas de asignación de riesgos que realmente funcionen. La consultoría experta en la fase de selección y ejecución es la única herramienta que garantiza que una inversión necesaria en tecnología no se transforme en un litigio interminable por falta de previsión en los términos de referencia.
La seguridad nacional y la continuidad operativa del Estado dependen hoy de una ejecución contractual estratégica y sofisticada. Solo quienes integren la asesoría legal especializada en contratación pública y arbitraje desde la planificación lograrán capitalizar estas inversiones, evitando millonarias pérdidas y procesos arbitrales por fallas sistémicas que son, desde hoy, perfectamente previsibles.
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