Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el avance del Aliviador Alto Perú y sus complejos desvíos en San Isidro demuestran que la infraestructura urbana de alto impacto exige una gestión de riesgos contractuales milimétrica para evitar paralizaciones.
Proyectos de esta envergadura, con externalidades sociales y logísticas tan marcadas, son el escenario recurrente de millonarias controversias por ampliaciones de plazo y sobrecostos. En la contratación pública moderna, la verdadera rentabilidad de una obra no se define en el campo, sino en la capacidad legal de blindar el contrato ante eventos no previstos y demoras administrativas. Una asesoría experta en la fase de ejecución permite anticipar escenarios de incumplimiento y estructurar reclamos sólidos que protejan el flujo de caja de la empresa contratista, mientras que para el Estado, asegura que la obra no se convierta en un arbitraje interminable. No se trata simplemente de ejecutar concreto, sino de gestionar con precisión técnica el derecho a la compensación y la mitigación de contingencias legales desde el día uno.
El éxito de la inversión pública reside exclusivamente en la prevención jurídica especializada. Las empresas y entidades que subestimen la importancia de un acompañamiento experto en arbitraje y gestión contractual enfrentarán liquidaciones fallidas y procesos judiciales que destruirán cualquier beneficio económico proyectado originalmente.
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