Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: la incertidumbre en el financiamiento de la Nueva Carretera Central y la intervención del MEF revelan una reestructuración crítica en la gestión de megaproyectos que exige una visión legal de alta especialidad.
La posibilidad de recurrir a crédito internacional para salvar esta obra no es solo un ajuste presupuestario, sino un cambio en la matriz de riesgos contractuales que el Estado y los contratistas deben anticipar. En proyectos de esta magnitud, la revisión técnica y financiera suele ser el preludio de controversias complejas sobre el equilibrio económico y variaciones de costos. La verdadera oportunidad para las empresas no reside en la ejecución per se, sino en el blindaje preventivo de sus contratos. Una administración contractual experta permite transformar estas incertidumbres financieras en salvaguardas legales, asegurando que los cambios en la fuente de financiamiento no deriven en paralizaciones o penalidades injustificadas.
La improvisación técnica o legal en esta etapa es el camino más directo hacia arbitrajes costosos que desnaturalizan la inversión pública. Mi predicción es contundente: solo los consorcios y entidades que integren asesoría especializada en contratación pública y arbitraje lograrán sortear la fiscalización del MEF y garantizar la viabilidad del proyecto. Asegurar el éxito de la Nueva Carretera Central requiere expertos que comprendan que un contrato bien gestionado es la única garantía de rentabilidad y cumplimiento frente al escrutinio político y financiero.
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