Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el alcalde de Punta Negra ha denunciado amenazas de extorsión vinculadas a la ejecución de la obra del bulevar, un escenario crítico que pone en riesgo la continuidad de la inversión pública y la seguridad jurídica del proyecto. Este tipo de situaciones no deben ser vistas únicamente como un problema de orden público, sino como un riesgo contractual que debe ser gestionado con precisión técnica desde la génesis del contrato.
La gestión de riesgos en la contratación pública moderna exige una arquitectura legal sofisticada que proteja tanto al contratista como a la entidad frente a contingencias externas que amenacen el equilibrio económico. El uso estratégico de las Juntas de Resolución de Disputas y un diseño robusto en la asignación de riesgos permiten que estas amenazas no se traduzcan en paralizaciones indefinidas o resoluciones contractuales costosas. La oportunidad para las empresas y el Estado radica en blindar legalmente la ejecución mediante mecanismos de arbitraje y consultoría especializada que garanticen la resiliencia del proyecto ante factores exógenos.
La viabilidad de la infraestructura nacional depende directamente de la capacidad de anticipar estos conflictos mediante una asesoría legal de alto nivel. Solo las organizaciones que integren expertos en derecho administrativo y arbitraje en sus procesos de contratación lograrán mitigar el impacto de la inseguridad y asegurar la culminación exitosa de sus inversiones, evitando sobrecostos que el erario nacional no debe asumir. La prevención jurídica especializada es hoy la herramienta de gestión más rentable en el mercado peruano.
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