Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: El Gobierno evalúa cambiar el modelo de ejecución de la Nueva Carretera Central tras la resolución del contrato con el PMO francés; un giro drástico que redefine la estrategia de la mayor obra vial del país.
Este cambio de esquema no debe verse como un simple trámite administrativo, sino como una reconfiguración total de la matriz de riesgos contractuales. La transición desde un modelo G2G hacia un nuevo esquema de ejecución exige un blindaje legal riguroso que solo la alta especialización en contratación estatal y arbitraje puede ofrecer. Para las empresas y el propio Estado, este escenario representa una oportunidad crítica: la liquidación del contrato anterior y la estructuración del nuevo proceso demandan una ingeniería jurídica forense para evitar paralizaciones. La clave del éxito radica en la capacidad de anticipar contingencias mediante estrategias preventivas de solución de controversias y un diseño contractual sólido que proteja la inversión y los plazos frente a la incertidumbre normativa.
La viabilidad técnica y financiera de la Nueva Carretera Central dependerá exclusivamente de una asesoría legal que domine la complejidad de las disputas en megaproyectos de infraestructura. Sin el acompañamiento de expertos en arbitraje y contrataciones desde esta fase de transición, el riesgo de reclamos millonarios y bloqueos operativos es inevitable. Mi visión es firme: solo los actores que aseguren una defensa legal experta desde el primer día lograrán capitalizar este cambio y garantizar la seguridad jurídica necesaria en el panorama actual de la inversión pública.
#ContrataciónPública #Arbitraje #Licitaciones #Perú #EstudioBonnett #InversiónPública #Abogado
Fuente Original: Leer noticia completa aquí