Estimados colegas, comparto mi opinión sobre esta noticia: el 45% de las obras públicas en el Perú están paralizadas desde 2012, un cuello de botella que asfixia el desarrollo nacional. Esta crisis no es solo una deficiencia presupuestal, sino una falla sistémica en la gestión de riesgos y la estructuración contractual que requiere una intervención técnica inmediata.
La paralización de casi la mitad de la infraestructura del país representa una oportunidad de mejora crítica para quienes sabemos destrabar estos nudos legales. El escenario ideal para el Estado y las empresas no es reaccionar ante el conflicto, sino integrar asesoría legal especializada desde la etapa de licitación. Las entidades y contratistas deben entender que un contrato mal gestionado es un arbitraje inevitable, costoso y paralizante. La verdadera ventaja competitiva reside en la prevención estratégica y el uso de mecanismos de solución de controversias eficientes que aseguren la continuidad de la obra pese a las discrepancias. Contar con un experto en contratación pública y arbitraje no debe verse como un gasto, sino como el blindaje necesario para transformar la inversión en infraestructura real, minimizando las contingencias que hoy mantienen miles de proyectos en el abandono.
El futuro de la inversión pública en el Perú depende de profesionalizar la defensa y gestión de los contratos estatales; solo aquellos actores que operen bajo una estrategia jurídica robusta y anticipada lograrán superar el estancamiento estructural y garantizar la rentabilidad y el cierre exitoso de sus proyectos.
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